En el pleno del pasado martes dia 29 de enero de 2019 el concejal de Iniciativa Porteña, Juan Guillén, preguntó sobre el estado del informe sobre accesibilidad al salón de plenos que se había encargado a un arquitecto externo. Un informe que el ayuntamiento encargó motivado por una moción en tal sentido promovida por IP en febrero del año pasado.
A la pregunta formulada contestó el concejal del equipo de gobierno Guillermo Sampedro, quien confirmó que dicho informe ya había sido entregado al consistorio.
Pues bien, el señor Sampedro, no solo contestó que dicho informe estaba ya sobre la mesa, sino que dijo que ya lo había pasado a contratación con el fin de que procediera a contratar las obras necesarias para acondicionar el salón de plenos a la normativa vigente en materia de accesibilidad.
Hasta aquí todo perfecto, pero si analizamos más en profundidad el asunto, debemos concluir lo siguiente:
Existe un informe técnico redactado por un Arquitecto externo que prescribe la necesidad de acometer una serie de obras para que el salón de plenos sea Accesible.
Por consiguiente y dado que hace falta realizar esas obras, debemos deducir que el actual salón de plenos no se ajusta a la legalidad en materia de accesibilidad.
Por otro lado no podemos olvidar que el pleno del ayuntamiento votó por unanimidad de todos los grupos políticos, con fecha 4 de septiembre de 2018, una declaración institucional en favor de la Accesibilidad Universal. Si a eso añadimos que existe una Ley Valenciana de Accesibilidad que a todos obliga. Y que además el ayuntamiento como todas las administraciones deben ser los primeros no solo en exigir el cumplimiento de las leyes, sino también en ser los primeros en cumplirlas, no queda otra solución que clausurar el actual salón de plenos.
De seguir celebrándose plenos en dicho sitio, estaríamos infringiendo las normas que todos nos hemos dado. Y lo que es más grave entraríamos en grave contradicción con la Declaración sobre Accesibilidad que aprobamos hace tan solo unos meses la totalidad de grupos políticos.
Por todo ello desde Iniciativa Porteña solicitamos que los plenos se celebren desde ya mismo en otro lugar que sí cumpla con la legalidad vigente. Sin perjuicio de que se acometan las obras necesarias para acondicionar el actual salón de plenos.
Las Administraciones públicas, no solo deben exigir de los ciudadanos el cumplimiento de la normativa sobre ACCESIBILIDAD en edificios privados, sino erigirse ellas mismas en” faro” de ejemplaridad siendo las primeras en cumplir con las disposiciones legales que de ellas emanan en sus propios edificios. Exigir a los demás lo que la propia Administración incumple generaría alarma y desconfianza entre los ciudadanos.
Y no solo ser “faro” de ejemplaridad respecto de los ciudadanos, sino que además el cumplimiento de tales disposiciones en accesibilidad se hace ineludible en caso de que las instalaciones de la Administraciones lo sean de Pública concurrencia, y todo en aras de una armónica participación en igualdad de todas las personas.
Por todo esto presentamos las siguientes propuestas al pleno:
- Que el Departamento de Actividades emita INFORME sobre si el salón de plenos del ayuntamiento de Sagunto cumple con los requisitos de ACCESIBILIDAD de la ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
En dicho informe creemos relevante que se analice las condiciones que deben cumplir las circulaciones verticales en el itinerario desde el salón de plenos hasta el exterior del edificio. Y concretamente sobre el ancho mínimo de escaleras, la posibilidad o no de que lleven bocel, la longitud de las mesetas intermedias en línea con su directriz… Y en suma, todos aquellos aspectos que dificulten la accesibilidad debida a las personas.
- En caso de que a resultas del informe solicitado sobre ACCESIBILIDAD, el salón de plenos no cumpla con los requisitos de accesibilidad, solicitar que se fije un plazo para su adecuación de forma inmediata, de acuerdo con el citado Decreto 39/2004
