Como todos saben, el pasado mes de julio la Generalitat Valenciana aprobó una nueva ley (Ley 8/2010, de Régimen Local) que endurecía los requisitos necesarios para conseguir la segregación. Además, esa nueva ley incluía una disposición transitoria, la n.º 2, que decía textualmente que los expedientes o procedimientos iniciados con anterioridad a la aprobación de dicha ley deberían regirse por las condiciones marcadas por la misma, algo que en el caso de que fuera aplicado para rechazar nuestro expediente de segregación abriría las puertas a un recurso de inconstitucionalidad.

Hoy aparecen en un conocido medio de comunicación local las declaraciones del señor Lluís Torró, diputado de EU, afirmando que Segregación Porteña no utilizó de forma conveniente sus contactos en la Generalitat Valenciana para, de alguna forma, rebajar las condiciones que marca la nueva ley. Lo que olvida el señor Torró, y también ese medio de comunicación, es que durante el tiempo en que Segregación Porteña formó parte del equipo de gobierno la Generalitat Valenciana no se atrevió a aprobar esa ley. Segregación Porteña estuvo hasta febrero de 2010 en el equipo de gobierno y la Ley de Régimen Local no se aprueba hasta el mes de julio, cuando nuestro grupo ya ha perdido los contactos con la Generalitat Valenciana y cuando ellos han creído conveniente, o sea, en pleno verano, con la intención clara de que la mayoría del pueblo no se dé cuenta de la traición que ha cometido el PP contra Segregación Porteña.

¿Por qué digo traición? Pues muy sencillo: las conversaciones que se habían mantenido hasta febrero hablaban de todo lo contrario, precisamente de rebajar esos requisitos que se exigían para el expediente de segregación. De hecho, el anteproyecto de la ley, que aún se puede ver por Internet, recoge ese punto n.º 9 con los requisitos que se deberán cumplir en la medida de lo posible, no como ahora que dice que serán requisitos imprescindibles. Es decir, la Generalitat Valenciana modifica esa ley después de la salida de Segregación Porteña del equipo de gobierno.

Por eso, en Segregación Porteña nos sentimos traicionados. Por eso, desde Segregación Porteña promovemos en el mes de agosto una moción de censura que no es apoyada ni por el PSOE ni por EU. Pero queremos ir un poquito más allá: las consecuencias de la aprobación de esa ley, las consecuencias de la traición de que hemos sido objeto por parte del PP, que las habrá, aún están por llegar. Nosotros ni perdonamos ni olvidamos. Eso que lo tenga claro el señor Castelló.

Manuel González Sánchez
Concejal-portavoz de SP

Éstas son las declaraciones de Torró:

El Económico, 8/10/2010. El último en sumarse a la trifulca ha sido el diputado de Esquerra Unida, Lluís Torró, quien ya se mostrara crítico con la nueva ley de régimen local valenciano, el texto que regula desde hace unos meses los procesos de segregación en el territorio autonómico, al asegurar, en declaraciones a este periódico,  que se había hecho prácticamente a medida del caso de Puerto de Sagunto con intención de parar para siempre los procesos segregacionistas en el término municipal saguntino. Torró, que ha estado siguiente el caso, no ve precisamente un panorama halagüeño para las pretensiones porteñas. Para el diputado autonómico los movimientos de IP y SP llegan tarde, las alegaciones que han presentado, no servirán, en palabras textuales de Torró, «absolutamente para nada ante una ley que ya está aprobada»; con lo que sólo podrán acudir a la vía de la anticonstitucionalidad de la ley, una estrategia ya anunciada por SP, que no les deja más opción que pasar por el filtro del Defensor del Pueblo, o el del Síndic de Greuges, para poder llegar al Tribunal Constitucional, y según apuntan sus fuentes consultadas en las Cortes, tramitar una petición es relativamente sencillo, pero que el Defensor te preste su apoyo en una cuestión de este tipo no es tan fácil como puede parecer en un principio.

Torró apunta de que esta es una ley que lleva muchos años trabajándose desde el PP, y desde el invierno pasado tratándose en las Cortes Valencianas, y hubiera sido mucho más productivo para los intereses de Segregación Porteña haber aprovechado los contactos que tuviera en el hemiciclo autonómico, algo con lo que siempre se justificó desde SP su pacto con el PP (en el acceso a los más altos funcionarios y círculos del gobierno autonómico), para haber realizado una tarea de prevención que evitara una ley tan restrictiva con su caso.