Señalan que la llegada del verano, el inicio de las fiestas, la final del Mundial y el aumento poblacional van a traer problemas de higiene muy graves
Iniciativa Porteña reclama la implicación directa del alcalde en la resolución del conflicto laboral entre la SAG y el Ayuntamiento de Sagunto y que mantiene paralizado el servicio de aseo urbano, una situación que consideran «insostenible» por las consecuencias que va a tener para la salud pública y la imagen de contenedores desbordados.
Eduardo Márquez, portavoz de Iniciativa Porteña señala que: “La prioridad en estos momentos debe ser alcanzar un acuerdo entre las partes mediante el diálogo y la negociación”, instando al alcalde a liderar personalmente ese proceso. «No estamos ante un conflicto cualquiera. Hablamos de un servicio esencial cuya paralización está afectando a miles de vecinos y visitantes, por lo que el máximo responsable de la empresa, como presidente de la misma, no puede mantenerse al margen».
Desde Iniciativa Porteña recuerdan que el alcalde ostenta la presidencia de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), por lo que consideran que debe asumir un papel activo para facilitar un entendimiento entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores. Márquez entiende que: “La responsabilidad política e institucional recae directamente sobre el señor Darío Moreno y el concejal delegado de la SAG, Jorge Vidal.”
La formación segregacionista muestra además su preocupación por la ausencia de unos servicios mínimos suficientes en un momento especialmente delicado con el inicio de las fiestas en Sagunto y la previsión de una gran afluencia de personas durante los próximos días, incluida la celebración de actos como las tres pantallas gigantes para ver la final del Mundial. Al respecto, Márquez indica que: “La acumulación de residuos puede agravarse considerablemente si no se alcanza una solución inmediata, es algo imprescindible si no queremos presenciar una situación completamente desbordada”.
En este sentido, Márquez considera que la respuesta del Ayuntamiento no puede limitarse a adoptar medidas provisionales mientras el conflicto continúa abierto. Según explica Márquez: “Resulta difícil justificar el desembolso económico destinado a la contratación temporal de cinco vigilantes jurados diarios durante un periodo inicial de diez días cuando esos recursos podrían destinarse a reforzar la negociación y favorecer un acuerdo que permita recuperar cuanto antes la normalidad del servicio”.
«Los recursos públicos deben emplearse con eficacia y orientarse a solucionar el problema de raíz. La ciudadanía necesita soluciones definitivas, no actuaciones temporales que únicamente intentan paliar las consecuencias de la huelga sin abordar su origen”, continua Márquez.
Márquez hace un llamamiento a la responsabilidad institucional para evitar que la situación continúe deteriorándose en los próximos días: “Desde el Ayuntamiento y la Gerencia de la SAG, deben ejercer el liderazgo que les corresponde, reunir a las partes y trabajar con voluntad para cerrar un acuerdo cuanto antes. Los vecinos merecen una respuesta eficaz y una solución definitiva a un problema que no puede prolongarse por más tiempo, especialmente en estas fechas tan señaladas”.


