Un comentario

1. He trasladado aquí un artículo publicado en lagaceta.es que me parece interesante. Es un poco largo pero vale la pena.

   Ley a la carta

   Afirmaba con muy buen criterio Juan Gómez Fernández-Cuesta, vicepresidente de Iniciativa Porteña, en su intervención en el Pleno del pasado día 5 de agosto y con motivo del pronunciamiento de la corporación saguntina al apartado de la nueva ley de Régimen Local del gobierno regional que condiciona y regula de forma más restrictiva y subjetiva la constitución de nuevos municipios que, no habrá ley que impida la voluntad de soberanía de un pueblo. Y es que está voluntad, en el caso que nos ocupa, no es gratuita, y se fundamenta en el convencimiento de que El Puerto, por encima de las precisas solidaridades, proteccionismos y globalizaciones, y al margen también de condiciones identitarias específicas, se ve perjudicado en mayor medida en su capacidad de crecimiento y calidad de sus servicios al ser una ciudad generadora de recursos pero sin la facultad de administrarlos adecuada o soberanamente y por el histórico control y propio beneficio que el poder económico saguntino, representado por algunas familias y entidades de renombre, velada e imperceptiblemente consuma. No es cierto que una entidad mayor sea necesariamente una entidad mejor, en referencia a la calidad de los servicios que presta y tal y como interesadamente se nos pretende hacer creer con convencimiento. Es una verdad incontrovertible que, de ser El Puerto una ciudad independiente, tendría una mejor calidad en los servicios que se prestan, una administración mucho más óptima y productiva y un mejor planeamiento de su futuro urbano e industrial, lo que repercutiría de forma segura en los impuestos que la ciudadanía paga y que, actualmente por la dualidad o duplicidad de servicios y por una administración totalmente sobredimensionada y descontrolada, son equiparables e incluso superan a los impuestos que se pagan en ciudades con centenares de miles de habitantes y servicios de mayor importancia y eficacia.

   En otro orden, a nivel autonómico, los dispendios faraónicos, lúdicos, arquitectónicos, visuales etc. junto a la mala gestión general del partido conservador valenciano, han llevado a la economía regional a una situación efectiva de quiebra, y por mucho que se pretenda disfrazar esta realidad mediante el control propagandístico de la comunicación en medios de prensa y audiovisuales. Embellecimiento, cultura y elitismo centralizado mayormente en la capital y a un coste insostenible y deficitario. Actualmente y tras el desastre financiero se pretende fomentar el ahorro mancomunando los servicios municipales, a la vez que se traba de forma arbitraria y subjetiva la constitución de nuevos municipios. Una gota en un océano. Una desordenada y perversa gestión económica de la que se pretende hacer responsables indirectos a los municipios, ya sean grandes, con miles de habitantes o más pequeños con apenas centenares, incluso también a los incipientes y aún no constituidos. Propuestas y declaraciones de intención que son simples cortinas de humo para eludir sus responsabilidades en la descapitalización y negativa gestión de la Comunidad donde los intereses públicos se han fusionado con los privativos en una contabilidad deudora y en la que gestiones como el agua, basuras o servicios de alumbrado etc. se han convertido en autenticas joyas de la corona por las que se compran y se venden las voluntades políticas de servicio público y en busca de rendimientos privados. Grandes eventos, derroches e intereses económicos, consorcios creados ex profeso etc. que benefician a las clases más pudientes, astutas o aprovechadas y que siempre en las esferas o círculos de las administraciones públicas, saben medrar y capitalizarse convenientemente. La nueva ley aprobada abre la posibilidad de mejorar unos beneficios que a causa de la crisis económica se han visto disminuidos a todos los niveles, pretendiendo optimizar financieramente aún más estas empresas publico-privadas en una clara maniobra ajena o dudosamente orientada a mejorar los beneficios e intereses estrictamente sociales y bajo el paraguas de la paternal mancomunización de los servicios.

   Curioso es el apoyo de los nacionalistas valencianos del Bloque a la nueva ley valenciana 8/2010 de Régimen Local y dando respaldo a estas políticas de mancomunidades que, como se ha dicho, no abundan o garantizan precisamente el saneamiento e higiene de las prestaciones públicas y sí parecen salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones. Sorprendente también el apoyo nacionalista a la ley con su polémico Artículo 9 y su Disposición Transitoria 2ª que afirma “los procedimientos relativos a la constitución y modificación de estatutos de mancomunidades de municipios y los referentes a la alteración de los términos municipales, iniciados con anterioridad a la aprobación de la ley, se ajustarán a lo dispuesto por la nueva ley”. En el asunto que nos afecta, ésta es una disposición claramente ilegal que intenta dificultar la constitución de nuevos municipios al restringir despótica e indebidamente un derecho constitutivo, a la vez que lo subjetiva y discrecionaliza al dictado y servicio de una ideología política determinada o al interés político del momento al admitir que, “en todo caso tendrán especial relevancia las argumentaciones de carácter histórico y cultural que puedan afectarse”. Ateniéndonos a este último dictado, sería concluyente para un pronunciamiento jurídico favorable pues tenemos una cultura propia e indiscutiblemente diferenciada. La nueva ley de régimen local, en los apartados que nos afectan, pasa por encima del derecho de cualquier ordenación a no vulnerar o desfavorecer la justicia o reglamentación anterior respecto a los acuerdos o pactos antecedentes a la propia ley que se pretende poner en curso. Inconstitucionalidad clara y manifiesta de ley, en un partido conservador acostumbrado a las políticas impositivas, sectarias y absolutistas, de las cuales los nacionalistas cómplices han hecho acuerdo a cambio de ellos sabrán qué.

   Afectados quedan pues por esta nueva normativa en forma de ley sendos Expedientes que desde Iniciativa Porteña y su Comisión Promotora se encuentran en curso, el segundo de los cuales, revisado y más acorde con la realidad económica y social, constituye casi una obra de ingeniería jurídica precisa y ajustada perfectamente a las exigencias y normativas vigentes en el día de su presentación ante las administraciones públicas. La indefensión producida por la aprobación de la nueva ley de régimen local es notoria aunque nada es que no pueda resolverse. Muchas comunidades o entidades como la nuestra porteña, en procesos de derecho abiertos respecto a constituirse como municipios independientes, han visto igualmente en la aplicación de la nueva ley reguladora un claro propósito de impedir, manipular, estorbar y disuadir sobre esta intención. En algunas de éstas, con la aplicación de la nueva normativa el derecho a la segregación y soberanía gestora queda totalmente imposibilitada por cuestión de unos metros de suelo urbano o por el número mínimo de habitantes para poder constituirse que la nueva ley cifra en 2.000 y cuando existen infinidad de municipios en la Comunidad con menos de 1.000 habitantes. Cifras y límites que se atienen a un rigor o criterio técnico que nadie sabe bien a qué o a quién responden.

   ¿Ahorro económico, incapacidad gestora, insensibilidad hacia las pequeñas entidades que no suponen un vivero indiscutible de votos? Sea cual sea la causa, y aun considerando que en algún lugar han de establecerse los límites, las comunidades afectadas no van, no vamos, a permanecer inmóviles y en una sumisión y resignación incondicional motivada por el inmovilismo y acomodo político gubernamental o por la simple razón del agravio comparativo con otras entidades o municipios constituidos que, en aplicación de la actual ley no podrían ser ni de lejos municipios independientes. A muchos de estos municipios los separa una calle. Todas y cada una de estas comunidades afectadas constituimos unas entidades diferenciadas y respaldadas por unos condicionamientos históricos peculiares y precisos. Nadie quiere dejar de pertenecer a una comunidad por un capricho o por un único interés simple, o mezquinamente económico. Sería innoble e indigno. Al contrario, todas estas comunidades sumamos principalmente las razones bien arraigadas de nuestro pasado histórico especifico y particular que marca la diferencia a la hora de optar por unas prioridades y preferencias respecto al tipo de gestión social que se quiere llevar a efecto en propio y lógico beneficio e interés legítimo, interrelacionando las costumbres o tradiciones culturales propias que nos caracterizan, por supuesto sin perjudicar ni quitar nada a nadie pero queriendo resaltar y sobresalir en la propia y autentica personalidad. En ningún caso conocido hasta hoy, un proceso de segregación legalmente autorizado y regulado, ha menoscabado o repercutido de forma dañina o irreversible al municipio matriz. Bien cierto es que por la histórica torcedura gestora y cultural de las administraciones de nuestro país, por el poco apego a cualquier cuestión que trastorne la rutina administrativa, también por el autoritarismo de unos pocos etc. cualquier municipio grande o pequeño, si dispone de un capital humano y económico determinado a gestionar, nunca quiere verlo reducido o alterado. Caballo grande, ande o no ande y por tradición o hábito y que en nuestro caso toleramos y resistimos con una conformidad estoica que, durando ya muchos años, estamos en disposición seguro de muy pronto poder cambiar.

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