Uno de los pilares básicos de una democracia avanzada es un sistema educativo público, de calidad, gratuito e inclusivo. La inclusión se tiene que entender como una cuestión de derecho que tiene que impregnar necesariamente las culturas, las políticas y las prácticas de la Administración educativa, de los centros docentes y de los diferentes servicios educativos. Esto comporta la implementación de actuaciones que garanticen la no-discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal en todas sus dimensiones: física (espacios, equipaciones y entornos), sensorial, cognitiva, emocional/actitudinal y en la comunicación, y prever las actuaciones de intervención educativa adecuadas, efectivas y eficientes para conseguir el éxito escolar y la plena participación en el ámbito educativo de todo el alumnado, en colaboración y coordinación con los diferentes agentes sociocomunitarios, desde la consideración de que los centros docentes tiene que ser auténticos dinamizadores de la transformación social hacia la igualdad y la plena inclusión de todas las personas.
La orden 20/2019 de 30 de abril por la cual se regula la organización de la respuesta educativa del alumnado en los centros docentes en su artículo 41.3 establece: los centros docentes pueden contar con personal no docente especializado de apoyo, que participa junto con el profesorado en la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de incrementar su autonomía y facilitar el acceso al currículum, Este personal incluye, entre otros, al personal educador de Educación Especial de los centros públicos.
Las funciones del personal educador de educación especial están recogidas en la resolución de 9 de julio de 2018. Su intervención está vinculada a que el alumnado tenga necesidades educativas especiales que impliquen limitaciones significativas en la autonomía personal, más allá de lo que sería esperable por la edad.
Con todo ello, lo que se quiere exponer es que la figura del educador/a es fundamental en las escuelas para garantizar una inclusión real.
Pero como viene siendo habitual desde hace algunos años la dotación de personal educador de educación especial en el municipio se queda muy limitada para atender al alumnado que tiene derecho a ello, reconocido a través de los diferentes informes elaborados y aprobados por la Conselleria de Educación.
Por lo tanto, es fundamental ampliar las plazas de personal educador de educación especial en el municipio ya que está perjudicando seriamente la organización de los centros educativos al tener que suplir su carencia con docentes que están dedicándose a atender a otro tipo de alumnado, siendo también perjudicados.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
1º -Trasladar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Justicia, Interior y Administración pública, el malestar generalizado de la comunidad educativa del municipio, la repercusión negativa en la organización y funcionamiento de los centros docentes y el incumplimiento con la orden de inclusión; la falta de personal educador de Educación Especial.
2º -Instar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Justicia, Interior y Administración pública, la urgente contratación de personal educador de Educación Especial para garantizar una inclusión real en los centros educativos del municipio.
3º.- Instar a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Justicia, Interior y Administración pública, a convocar una reunión conjunta durante el mes de mayo, con un representante de cada partido político del Ayuntamiento de Sagunto y con miembros de la Coordinadora Comarcal de la AMPA para buscar una solución urgente y tomar las medidas necesarias.
