AGUA DESALADA – Manuel González (Portavoz de IP)

Publicado el 12 - julio - 2021

 

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Estos días atrás mantuve una charla con un amigo residente en el municipio de Moncófar. Allí cada día crece mas la preocupación por ver quien asume el coste de la desaladora que construyeron para la zona de Moncofar-Chilches, cuyos fondos fueron aportados por Acuamed, previa firma de un convenio por el que varios ayuntamientos se comprometieron a pagar en 25 años el coste de esas instalaciones, más el interés, más los gastos de explotación. Por cierto, el agua que producen esas desaladoras es sensiblemente más cara que la que hasta ahora utilizan los ciudadanos de esos municipios.

  Al parecer la cuerda se está tensando en esa zona, pues todavía no hay acuerdo de cumplimiento del convenio, llegando la confederación hidrográfica del Júcar hasta el  límite de prohibir la utilización de los recursos habituales de aguas subterráneas, a municipios como Nules o Moncófar, invitándoles con sutileza a utilizar el agua desalada, eso sí, pasando por caja. Esa desaladora costó 51 millones de euros.

  Este mismo problema lo ha suscitado la desaladora construida en la zona Benicasim-Oropesa-Cabanes, otra instalación en la que se dilapidaron más de 55 millones de euros. El gobierno se niega a asumir su coste, pero es que en estos momentos el agua de esa instalación no es necesaria para cubrir el consumo de la zona, por lo que los ayuntamientos implicados, difícilmente podrán justificar ante los vecinos de sus municipios la subida de impuestos o del recibo del agua que va a aparejada a la amortización de estos proyectos.

  Seguro que lo que estoy escribiendo les suena de algo, puesto que aunque vamos un poco por detrás de estos municipios castellonenses, llevamos exactamente el mismo camino. Lo cierto es que Gloria Calero, alcaldesa de Sagunto cuando se firmó el convenio, asumió para las arcas municipales un documento que nos obligará a pagar 45 millones de euros si nadie lo remedia.

  Han pasado más de 15 años desde que se firmó el convenio. En aquel entonces gobernaba en Madrid una administración socialista y en Sagunto un tripartito conformado por PSOE, EU y Compromis, en ambos casos, exactamente lo mismo que tenemos ahora. La diferencia es que, por lo menos aparentemente, ante la presión vecinal, el ayuntamiento de Sagunto “no parece” dispuesto a asumir aquello que suscribió por Gloria Calero.

  En diciembre de 2020 se acordó por unanimidad del pleno del ayuntamiento acudir a los tribunales para pedir la anulación del convenio de la desaladora. Declaración institucional o tomadura de pelo, como ustedes quieran verlo, porque la realidad es que hasta la fecha los movimientos han sido nulos. Por el contrario, quienes amenazan con denunciar al ayuntamiento por incumplir las clausulas del convenio, son los del gobierno central a través de Acuamed.

  Al final, quienes pagaremos de una manera o de otra seremos los vecinos del municipio, que hemos visto incrementarse el precio del agua durante los últimos 10 años, subida que será una minucia al lado de lo que puede suponer tragarse esa maldita desaladora, que no hacía ni puñetera falta… al tiempo.

 

Manuel González Sánchez

                                                           Portavoz de IP, partido más votado en El Puerto

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