Artículo de opinión de José Mª Piró Rodríguez

Como bien dijo el gran artista Groucho Marx: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados». La interpretación moral de este dicho, nos puede servir para adjetivar la decisión de Costas, ordenando la demolición de los locales de La Lonja, Plenamar y el Casino, por razones, según el Delegado del Gobierno, de no ajustarse a la legalidad vigente y por tanto, hay que aplicar la ley. ¿Es así, cómo se aplica la ley?

La Administración Pública viene obligada a aplicar las disposiciones con objetividad y el sometimiento pleno al Derecho, excluyendo la utilización de medios discriminatorios basados en razones meramente subjetivas. Esta regla de conducta, pone en entredicho los argumentos hilvanados por el señor Peralta, ya que lo más trascendente de su justificación, contradice lo establecido en la Ley de Costas que, en su artículo 72, estipula «que en todos los casos de extinción de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento del dominio público». Ante este texto de claridad irrefutable, es obvio que la orden de derribo no obedece al cumplimiento obligado de alguna normativa oficial; por esta razón, únicamente puede ser atribuida a una decisión personal, envuelta en una perversa intención, que vulnera derechos fundamentales y no respeta lo establecido en la Carta Europea del Litoral, la cual en su exposición de motivos, destaca la trascendencia que tiene la costa para la vida humana, «como soporte de las actividades económicas y sociales que crean empleo y además, es indispensable para el recreo físico y psíquico de las poblaciones sometidas a la presión creciente de la vida urbana».

Si de alguna manera tuviéramos que expresar una opinión sobre la actuación de Costas, habría que decir que es un acto jurídico viciado, cargado de rencor y que de forma injusta, discrimina a los que con toda legitimidad regentan locales públicos en régimen de concesión y sometidos a una normativa reglada con la Administración del Estado, con el agravante de tener que asumir el coste del derribo, castigo que solamente se aplica a los usurpadores. No obstante, para llegar a la raíz del problema, hay que retroceder al momento en que la ciudadanía se opuso a la intransigente del binomio Delegación de Gobierno-Jefatura de Costas, que pretendía la extracción de 400.000 m3 de arena de nuestra playa. La oposición a tal pretensión, tuvo como respuesta la declaración del señor Ricardo Peralta quién, hace un año aproximadamente, nos dijo: «Si no quieren el proyecto nos iremos con los 20 millones a otra parte». En cuanto al Paseo Marítimo actual, dejó bien claro que se aplicaría la ley con el máximo rigor. Hoy podemos decir que aquellos vientos han traído esta tempestad y ésta, sin lugar a dudas, excede de la potestad administrativa, altera la paz social y pretende cambiar la voluntad de los ciudadanos, empleando la coacción como medio de presión para que acepten algo que va contra su voluntad.

Soy de los convencidos que en política nada ocurre por casualidad y por tanto, la iniciativa de Costas puede tener la intencionalidad de volver al tema de la extracción de arena a pesar de que hay otras alternativas posibles y viables. A tal fin, cabe pensar que quieran aprovecharse del impacto social que ha supuesto el anuncio de los derribos en el paseo marítimo y de la aparente debilidad que evidencia el Gobierno municipal, desde la ruptura del pacto entre el PP y SP, así como el cambio experimentado en el PSOE, tras el cese del Secretario local y su posterior designación como cabeza de lista electoral del partido, que ha dejado claro lo que significa la obediencia debida.

Ante esta reactivación de la problemática playera, los únicos que sacan pecho, son los que han tomado la iniciativa, o sea, Gobierno Civil-Costas y la «pirámide de vasallaje» que el señor Peralta potenció en sus reuniones con organizaciones favorables a la extracción de arena al precio que sea. Ante este movimiento, no parece prudente que la Corporación municipal haya tomado la decisión de aproximar a estas organizaciones a una hipotética negociación, sin tener en cuenta que su participación puede tener más efectos negativos que positivos, máxime cuando, los más de ellos, se han opuesto al desarrollo turístico de nuestra playa, evitando la construcción de Puerto Siles, el Apartahotel o la Marina de Puerto Corinto. Ojala me equivoque, pero esto es como «poner a la zorra a cuidar las gallinas».

Puerto Sagunto, 20 de noviembre de 2010

José Mª Piró Rodríguez