La playa de El Puerto y todo su entorno vuelven a ser objeto de ataque por parte de Costas, arropados por el Delegado del Gobierno.

Como no podía ser de otra forma, y pasado un tiempo, vuelven a intentar frenar el desarrollo económico y de ocio en el paseo marítimo y, en consecuencia, de todos los locales adyacentes a la playa.

La situación que nos dejan es de 200 puestos de trabajo en peligro, un agravio comparativo con otras comunidades y poblaciones (valencianas incluso), ninguna alternativa a la situación y un futuro incierto sin saber cuál es el interés real de esta decisión arbitraria.

Así evidentemente no se potencia el turismo, y éste no sólo ocupa las terrazas, sino que también va a los restaurantes próximos y compra en las tiendas, tanto de alimentación como de regalos. Todo está relacionado.

Si la playa de El Puerto perdiera interés turístico, sería más fácil retomar el proyecto de remodelación del paseo (su proyecto) y la extracción de arenas para regenerar otras playas. Esto es lo que esconde la reducción o el derribo de los espacios de explotación hostelera junto al mar. Un mar de todos y una costa de todos.

La nota que reproducimos a continuación recoge el sentir de Iniciativa Porteña en relación con este asunto:

Un despropósito más

Nos despertamos un día más con un nuevo mazazo hacia el desarrollo de nuestro pueblo: Costas consuma sus amenazas a las terrazas en el paseo marítimo.

Desde IP-SP queremos solidarizarnos y apoyar incondicionalmente a todo el colectivo de trabajadores afectados por esta injusta y discriminatoria medida. Estamos con esas más de 200 familias que van a verse privadas de su sustento básico.

No se entiende cómo se puede ser tan insensible y negar, con la que está cayendo, que de una manera provisional y por un tiempo limitado se conceda autorización para ocupar un pequeño espacio en el paseo marítimo que hasta hace muy poco (año 2007) sí se venía autorizando desde Costas-Valencia.

Precisamente en Costas-Valencia, y con el apoyo incondicional del ínclito Delegado de Gobierno, se están tomando medidas contradictorias, dudosas y ajenas al interés general. ¿No se dan cuenta de que no son más que meros administradores de lo público y no sus dueños? ¿Que deberían pensar, por tanto, en el bien de sus administrados y contar con ellos? Pero ¿qué está ocurriendo realmente? Pues todo lo contrario.

¿Cómo se puede argumentar la negación del permiso (hay que incidir en que es sólo una ocupación temporal y que se ha venido haciendo siempre) diciendo: «La Administración no está obligada a conceder la explotación de los servicios de temporada al concesionario, sino que como establece la Ley, podrá o no otorgarla», por lo que «nos encontramos, por lo tanto, ante una potestad discrecional»? O sea, y traduciendo al castellano: «No os otorgamos el permiso porque somos los amos del cortijo y vosotros no nos caéis bien».

Esto no es más que un nuevo ataque a El Puerto y, por extensión, a la Comunidad Valenciana, ya que en playas de otras comunidades la situación es muy diferente, con ocupaciones del dominio público marítimo terrestre mucho mayores y tocando, literalmente, la arena de la playa. Así pues, el agravio comparativo es claro y perjudicial para los intereses de nuestros empresarios y trabajadores.

Dejemos claro una vez más que IP-SP apoyará cuantas acciones se tomen en defensa de su playa e instalaciones anexas.

Arenal de la playa de El Puerto contra el que no pudieron ni Costas ni la Delegación del Gobierno en la temporada pasada. Objeto de su deseo e intención real de sus acciones.