Desde hace ya unos cuantos años, ha sido común ver proliferar en nuestras calles y avenidas como si de hongos se tratara, los reductores de velocidad, coloquiÁlmente conocidos como pasos de peatones elevados, badenes o “guardias tumbados”. Y como en política la imitación es la más fácil de las gestiones, los intrépidos concejales de tráfico los abrazaron con entusiasmo, con el beneplácito de los alcaldes y de buena parte de la oposición, en esa especie de sobreprotección del ciudadano al que la clase política convierte en “bebé entre algodones”.
Estos elementos tienen en principio, la noble finalidad de disminuir la velocidad de los vehículos motorizados y aumentar la seguridad vial de los peatones que los cruzan.
Pero el abuso en su uso en muchos municipios –incluido el nuestro- nos ha llevado a que coger el coche se convierta en una especie de viaje por la montaña rusa de la llanura, que nos desnuca en cada sube y baja. Eso estando en buenas condiciones físicas, porque las personas con problemas de salud o los usuarios de ambulancias –no necesariamente en servicio de urgencias- circular por determinadas zonas se convierte en un auténtico calvario. Y no hablemos de los distribuidores a comercios, que ven día sí y día también como baila su mercancía en estos muros de la carretera.
Además el conductor al que va dirigido estos baches, el que quiere correr, lo hace de igual forma y hasta se divierte dando saltos.
Y no acaban aquí los inconvenientes, añadamos algunos más: congestionan el tráfico, que además busca otras calles alternativas sin “montañas”; son ruidosos; para el peatón en silla de ruedas, el carrito de bebe o el carro de la compra son una auténtica y peligrosa trampa; son un riesgo de descalabro para ciclistas y motoristas. Y desde luego un castigo innecesario para los buenos conductores que somos mayoría.
En su día el Ministerio de Fomento aprobó la Instrucción Técnica que normalizaba el diseño y ejecución de los reductores de velocidad, y que es de obligado cumplimiento en las travesías urbanas de la red de carreteras. Esta establece que los reductores de velocidad serán “una plataforma trapezoidal de 10 centímetros de altura como máximo, construida en hormigón o material asfáltico, con un máximo de 4 metros de largo y unas rampas de subida y bajada de entre 1 y 2,5 metros, dependiendo del límite de velocidad existente: 1 metro para límites de 30 Km.; 1,5 m. para 40 Km. y 2,5 m. para velocidades de 50 Km”.
Como vemos esta normativa pasaría a ser una recomendación para los ayuntamientos que los instalen o tengan instalados, para que sigan los criterios de diseño y ejecución recogidos en la Instrucción, y que prácticamente no se cumple en ninguno de los pasos elevados que tenemos en el municipio.
No obstante hay alternativas a estos pasos elevados como por ejemplo son las bandas trasversales de alerta, que al actuar como señales acústicas y vibradoras, advierten al conductor y consiguen el efecto deseado de reducción de velocidad, aunque también producen un efecto acústico indeseado para los vecinos próximos.
Y desde luego la alternativa pasa en primer lugar en ponerse de una vez por todas a asfaltar nuestras calles que en no pocos casos parecen réplicas en miniatura –y no menos peligrosas- de un rally.
Pero sobretodo se debe sancionar al infractor, a aquellos individuos que toman nuestras calles como circuitos de carreras, y que la Policía Local les sancione adecuadamente.
Así que, desde estas líneas ánimo a los responsables de tráfico a reducir estos “reductores de velocidad” a la mínima expresión.
Sergio Paz Compañ
Concejal del Grupo Político Iniciativa Porteña
