► Nuestra asociación afirma que esta ley no se ajusta a Derecho y cuestiona la constitucionalidad de gran parte de los preceptos que afectan a la alteración de los términos municipales, así como la aplicación de la retroactividad a los procedimientos iniciados.

Iniciativa Porteña, en cuanto comisión promotora del expediente de segregación de El Puerto, presentó el pasado lunes, 6 de septiembre, alegaciones en contra de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

En la primera parte del texto presentado se denuncia el vergonzoso «silencio administrativo» en el que se ha enrocado la Generalitat desde el 2 de junio de 2008, fecha en que fue remitido el expediente de segregación a la Dirección General de Cohesión Territorial. Este largo periodo de tiempo en el que no se ha emitido pronunciamiento alguno ha sido aprovechado, no obstante, por la Generalitat para gestar y lanzar su nueva Ley de Régimen Local, una norma ad hoc cuya finalidad no es otra que impedir a toda costa la creación de nuevos municipios, entre ellos y muy especialmente el de El Puerto.

El escrito de alegaciones continúa recordando que el expediente de segregación de El Puerto cumple con todas y cada una de las exigencias que marcaba la normativa vigente en el momento de su tramitación y presentación. También se llama la atención sobre el hecho de que la gran mayoría de los municipios actualmente constituidos como tales en la Comunidad Valenciana no satisface los requisitos que, según la nueva ley, deben concurrir para merecer esta consideración.

Toda la segunda parte del texto presentado consiste en una exposición pormenorizada de cómo la Ley de Régimen Local está vulnerando, por un lado, la Carta Europea de Autonomía Local y, por otro lado, hasta 6 principios jurídicos recogidos en la Constitución Española, a saber: 1) principio de igualdad; 2) principio de legalidad y jerarquía normativa; 3) principio de interdicción de la arbitrariedad; 4) principio de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; 5) principio de seguridad jurídica; y 6) principio de autonomía local.

Por todo ello, en Iniciativa Porteña consideramos que con la aplicación de la nueva ley —y sobre todo con la implementación del carácter retroactivo de su disposición transitoria segunda— la Generalitat podría estar saltándose los principios que consolidan un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, hecho de extrema gravedad que con estas alegaciones queremos evidenciar.