Por Ramón García Ortín

A raíz del despliegue policial con motivo de las cucañas del pasado agosto, en un artículo de opinión publicado en este diario bajo titulo de ¿Misión cumplida, Sr. Peralta?, señalaba al final del mismo que: «En la mayoría de los cerriles ataques a nuestro pueblo subyace una fuerte componente xenófoba y clasista que emana de las cúpulas de algunos partidos institucionales y no del seno de nuestro pueblo, como insinuó el Sr. Rambla en el diario Levante». En dicho diario, al día siguiente de las cucañas, el periodista se hizo eco de una intervención poco afortunada de un miembro de las peñas animando el evento a través del megáfono, que interpretó que contenía tintes xenófobos.

Para ilustrar el clasismo que cité, nada mejor que la actitud tomada por los partidos institucionales respecto a algunos aspectos de la política de Costas: mientras ésta proponía llevarse media playa de El Puerto para «regenerar las del norte» con los 400.000 m³ de arena que pretendían extraer, mientras se nos amenazaba con otro atropello, con derribar todas las instalaciones del paseo marítimo si no claudicábamos, las cúpulas de estos partidos se han mantenido distantes del problema; no iba con ellos, y eso que sólo faltó amenazarnos con mandarnos de nuevo a la Legión Cóndor para efectuar los derribos. Fue la movilización popular, la recogida de más de 20.000 firmas, la que ha evitado en primera instancia el que se lleven un buen trozo de playa.

En las últimas semanas, Costas también ha enviado notificaciones a los concesionarios de los chiringuitos de las playas del Saler, Pinedo y Valencia, en la que les señalan que en virtud de la Ley de Costas deben reducir la superficie de ocupación de los mismos. No dicen nada de llevarse media playa de la Malvarrosa o de Pinedo, ni de derribar; sólo de reducir la superficie de ocupación. Pero esto ya es otra cosa, esto no es El Puerto, ahora sí que interviene decididamente desde el Portavoz del PP, el Sr. Blasco, pasando por los más altos dirigentes del partido, el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, la consellera de Turismo, Belén Juste. Todos ponen el grito en el cielo en defensa de los chiringuitos.

La Generalitat Valenciana se ha dirigido a los máximos representantes del Gobierno Central para pedir una negociación urgente que salve las terrazas de los chiringuitos y una demora en las sanciones.

Pero no sólo los dirigentes del PP, los del PSOE también. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, emplazó al Gobierno central a que «reconsidere» su posición respecto a la aplicación de la Ley de Costas en la Comunitat Valenciana, a que se siente a dialogar «con urgencia» con los representantes de los chiringuitos y aporte una solución razonada y viable al problema, al tiempo que manifestaba su solidaridad con los afectados.

Resulta evidente que este despliegue e interés contrasta con la indiferencia con que se ha abordado problema, mucho más grave, de El Puerto.

Parece que estamos volviendo a finales del siglo XIX, cuando se daban casos como en los ferrocarriles donde había vagones de primera, segunda y tercera; y como quiera que en los accidentes los coches menos afectados eran los que iban en el centro del convoy, se colocaban en ese lugar los de primera clase, los flanqueaban los de segunda y a éstos los de tercera, de tal manera que en caso de colisión estos últimos eran los más perjudicados. Hubo un periódico de la época que en la crónica de un siniestro ferroviario llego a escribir: «Afortunadamente todos los muertos eran de tercera clase».

¿Nos siguen considerando ciudadanos de tercera? Parece ser que sí.

Y a salir de esa situación no ayuda, como en el caso de la playa, la postura adoptada por organizaciones que en teoría deberían estar a la cabeza de la defensa de nuestro pueblo. No es de recibo que la mayoría de los integrantes de Consejo Económico y Social digan, según publicó este periódico el 30 de octubre pasado, que el Ayuntamiento acepte el proyecto de Costas y a partir de la aceptación se continúe negociando. Es decir, primero que se lleven media playa y después nos sentaremos a negociar. ¿A negociar qué? Si lo primero debe ser ya innegociable.

Esta postura, como vulgarmente se dice, es como poner el culo para que nos den por detrás y después… pedir perdón por haber dado la espalda.

¿Se debe esta situación a ser El Puerto un pueblo de trabajadores? Por supuesto, y por no ser ciudad también.

(Ramón García Ortín es miembro de Iniciativa Porteña).